¿Cuáles son los derechos de los socios minoritarios en las sociedades de capital?

Los socios minoritarios de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada tienen sus derechos y no son un invitado de piedra, si bien es cierto que las sociedades capitalistas suelen regirse por un principio mayoritario en su organización y funcionamiento, determinado en los estatutos sociales, éstas deben respetar la legislación mercantil.

La Ley de Sociedades de Capital atribuye diferentes derechos a los socios en proporción del porcentaje de la cuota que éstos ostentan en el capital social.

Para clarificar esta cuestión, vamos a concretar los diferentes derechos que un socio ostenta dependiendo del porcentaje que tenga en el capital social y el tipo de sociedad, anónima o limitada, y si no se precisa en el precepto éste se aplica a ambas especies de sociedades de capital:

REQUIERE MENOS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL

1º.- OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de responsabilidad limitada o anónima, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas (art. 272.2 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en adelante LSC).

2º.- EL DERECHO DE ASISTENCIA A LA JUNTA

En la sociedad de responsabilidad limitada todos los socios tienen derecho de asistencia a la Junta General. Los estatutos NO podrán exigir para asistir a la Junta General de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, la titularidad de un número mínimo de participaciones sociales. (179.1 LSC).

Los estatutos podrán exigir para asistir a la Junta General de la Sociedad Anónima, respecto de todas las acciones, cualquiera que sea su clase o serie, la posesión de un número mínimo para asistir a la junta general sin que, en ningún caso, el número exigido pueda ser superior al uno por mil del capital social (179.2 LSC).

3º.- LA ASISTENCIA DE NOTARIO A LA JUNTA GENERAL

El accionista que detente el 1% del capital social de la sociedad anónima y el 5% de la sociedad de responsabilidad limitada podrá solicitar al órgano de administración la designación de un Notario para que asista a la Junta General de Socios y levante acta de la Junta General. En este caso, los acuerdos sólo serán eficaces si constan en acta notarial, y los honorarios del notario corren a cargo de la sociedad (art. 203.1 LSC).

4º.- SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DE AUDITOR

En las sociedades -limitadas y anónimas- que no estén obligadas a someter las cuentas anuales a verificación por un auditor, cualquier socio podrá solicitar al registrador mercantil del domicilio social que, con cargo a la sociedad, nombre un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un determinado ejercicio siempre que no hubieran transcurrido tres meses a contar desde la fecha de cierre de dicho ejercicio (art. 265.2 LSC).

En cuanto a las sociedades obligadas a auditar cuentas, cuando la junta general no hubiera nombrado al auditor antes de que finalice el ejercicio a auditar, debiendo hacerlo, o la persona nombrada no acepten el cargo o no pueda cumplir sus funciones, cualquier socio podrá solicitar del registrador mercantil del domicilio social la designación de la persona o personas que deban realizar la auditoria (art. 265.1 LSC).

5º.- EL DERECHO DE SEPARACIÓN

El socio que no hubiera votado a favor del correspondiente acuerdo, tendrá derecho a separarse de la sociedad en los casos siguientes (art 346 LSC):

• Sustitución del objeto social o modificación sustancial.
• Prórroga de la sociedad.
• Reactivación de la sociedad.
• Creación modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias, salvo disposición contraria de los estatutos.
• Transformación de la sociedad y traslado de domicilio al extranjero (arts. 15 y 99 de la Ley 3/2009).

Por su parte, el art. 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital establece el derecho del socio que hubiera votado a favor de la distribución de los beneficios sociales a la separación de la Sociedad en el caso de que la junta general no acordara la distribución como dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles. En cualquier caso, la disposición final primera del Real Decreto-ley 11/2014 , de 5 de septiembre, ha ampliado hasta 31 de diciembre de 2016 la suspensión de la aplicación de este derecho de separación derivado de la falta de distribución de dividendos.

En la sociedad de responsabilidad limitada también se atribuyen derecho de separación aquellos socios, que no hubieran votado a favor del acuerdo de modificación del régimen de transmisión de las participaciones sociales.

6º.- LA IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES (art 206 LSC)

En el supuesto de impugnación de acuerdos nulos estarían legitimados todos los socios, los administradores y cualquier tercero que acredite interés legítimo.

En cuanto a la impugnación de acuerdos anulables están legitimados los socios asistentes a la junta que hubiesen hecho constar en acta su oposición al acuerdo, los ausentes y los que hubiesen sido ilegítimamente privados del voto, así como los administradores.

Está previsto que el proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora de gobierno corporativo – Proyecto publicado Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados 30 mayo de 2014- realice una amplia modificación de la materia de la impugnación de acuerdos.

REQUIERE MÁS DE 5 % DEL CAPITAL SOCIAL

1º.- INTERPONER ACCION SOCIAL DE RESPONSABILIDAD

Un socio con al menos el 5 % del capital social podrá interponer acción social de responsabilidad contra los administradores (art. 239.1 LSC). Cualquier socio con al menos el 5% del capital social podrá oponerse a la renuncia y/o transacción de la acción de responsabilidad contra los administradores sociales (art. 238.2 LSC).

2º.- SOLICITAR CONVOCATORIA DE JUNTA DE SOCIOS

Hay una obligación de los administradores de convocar la Junta General cuando lo soliciten uno o varios socios que representen, al menos, el 5 % del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar (art. 168 LSC).

Cuando los accionistas representen, al menos, el 5% del capital social de la Sociedad Anónima, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria (art. 172 de la LSC).

3º.- SOLICITAR NOMBRAMIENTO DE EXPERTO INDEPENDIENTE

Aquellos accionistas con al menos el 5% del capital social podrán solicitar el nombramiento de un experto independiente para que efectúe la valoración de los activos, en caso de aportaciones no dinerarias a la sociedad anónima (inmuebles), (art 69.b LSC).

ACCIONISTAS CON EL 20% DEL CAPITAL SOCIAL

En estos casos, los accionistas de la sociedad anónima tendrán también el derecho a solicitar del Gobierno la intervención para asegurar la continuidad de una sociedad en disolución, siempre que sea conveniente para la economía nacional o para el interés social, (art 373 LSC).

REQUIERE 25 % DEL CAPITAL SOCIAL

1º.- DERECHO DE INFORMACIÓN EN JUNTA

En este caso, los accionistas podrán solicitar de los administradores, relativo a los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general.

En el curso de la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta.

Tienen obligación los administradores de proporcionar la información solicitada al amparo de los dos apartados anteriores, salvo en los casos en que, a juicio del presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique el interés social. No procede la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social. Los estatutos podrán fijar un porcentaje menor, siempre que sea superior al cinco por ciento del capital social (art. 197 LSC).

En relación al derecho de información de los socios de la sociedad de responsabilidad limitada, contiene unas prescripciones semejantes a las dispuestas para la sociedad anónima pero redactada de modo más genérico, recoge expresamente que no procederá la negación de información cuando la solicitud se éste apoyada por socios que representen, al menos, el 25 por 100 del capital social (art. 196 LSC).

Nuestro Tribunal Supremo recuerda cuáles son los cuatro requisitos esenciales para que resulte admisible el derecho de información: (i) que la petición guarde una conexión con el orden del día de una junta convocada (ii) que tal solicitud se haga en tiempo y forma; (iii) que con la información que a tal efecto se facilite al socio no se perjudiquen a los intereses sociales; y (iv) que este derecho de información no se ejercite de forma abusiva. A juicio del TS, esto último requiere considerar múltiples elementos en función de las circunstancias del caso, entre ellos: el carácter “cerrado” de la sociedad; la conexión de la documentación con “cuestiones especialmente relevantes”; la existencia de “indicios razonables de actuaciones irregulares”; o la perturbación a la actividad del órgano de administración o para la estructura administrativa de la sociedad.

2º.- CONSTITUCIÓN DE JUNTA DE ACCIONISTAS

La Junta general de accionistas quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean, al menos, el veinticinco por ciento del capital suscrito con derecho de voto. Los estatutos podrán fijar un quórum superior (art 193.1 LSC).

En cualquier caso, dichos derechos de la minoría, cuando se ejerciten contraviniendo las reglas generales de la buena fe (arts. 7.1 C.c. y 11.1 LOPJ) han de ser censurados, y constituyen lo que una reducida doctrina ha convenido en denominar el «abuso de la minoría».

En este sentido, por ejemplo, la impugnación de acuerdos nulos y anulables del Consejo de Administración (art. 251.1 LSC) puede propiciar un amplio margen al abuso. Dicho abuso se encuentra relacionada con lo que se ha denominado doctrina de la relevancia (entre otras, SAP de Madrid de 20 de julio de 2012, JUR 2012\289210), según la cual los vicios procedimentales que no priven al accionista de ninguna prerrogativa sustancial no pueden dar lugar a la declaración de nulidad de la Junta celebrada y de los acuerdos adoptados, ello derivado del art. 204 LSC. Una interpretación finalista (art. 3.1 C.C.) y un balance de la proporcionalidad entre la nimiedad de la infracción y la gravedad de la consecuencia, llevarían a considerar irrelevantes los vicios o defectos intrascendentes.

En definitiva, habría que estar a cada caso concreto para poder determinar si el ejercicio de los derechos de un accionista puede estar revestido de un abuso de derecho, lo que podría limitar el ejercicio de tales derechos societarios.

Programa de ayudas 2017 al alquiler de vivienda. Comunitat Valenciana

Bases: Orden 5/2017 (DOCV 21-04-2017) corrección errores (DOCV 28-04-2017)

Extracto y Convocatoria 2017: Rsl 25-04-2017 (DOCV 03-05-2017)

Plazo de solicitud: será de 1 mes desde 04-05-2017.

Objeto: ayudas en materia de vivienda a personas físicas, con objeto de facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler. Se tramitarán al amparo de lo dispuesto en las presentes bases, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, tanto las ayudas correspondientes al programa de ayudas al alquiler del Plan Estatal de Fomento del alquiler, rehabilitación y renovación urbana 2013-2016, como la ayuda adicional de la Generalitat.

Los beneficiarios de ayudas de la convocatoria 2016 podrán solicitar ayudas al amparo de la presente convocatoria 2017 para las rentas devengadas con posterioridad al período subvencionado en el ejercicio anterior.

Beneficiarias: personas físicas mayores de edad que reúnan todos y cada uno de los requisitos siguientes:

a) Ser titular de un contrato de arrendamiento de vivienda, formalizado en los términos de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, en calidad de persona arrendataria, con duración mínima de un año, con mención expresa de la referencia catastral de la vivienda y cuyo pago del alquiler se realice a través de entidad financiera.

b) Que la vivienda arrendada constituya la residencia habitual y permanente de la persona arrendataria.

c) Que los ingresos de las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda arrendada, en adelante ingresos de la unidad de convivencia, consten o no como titulares del contrato de arrendamiento, sean, en conjunto, inferiores al límite máximo de ingresos que da acceso a la ayuda, establecido en la base Tercera.

d) Que la vivienda objeto del contrato de arrendamiento lo sea por una renta igual o inferior a los límites establecidos, en función de la localidad de emplazamiento de la vivienda, en la base cuarta.

Serán objeto de priorización en este programa las personas solicitantes titulares del contrato que cumpliendo con los requisitos del apartado anterior, se encuentren incluidas dentro de los siguientes grupos de especial atención:

a) Estar afectadas por procedimiento de desahucio, ejecución hipotecaria o dación en pago, que hayan tenido lugar a lo largo de los últimos diez años.

b) Ser menores de 30 años, teniendo esta consideración las personas nacidas en el año 1986 y posteriores.

c) Tengan la condición de familia monoparental con hijos, según lo establecido en el Decreto 179/2013, por el que se regula el reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Comunitat Valenciana, siempre que no exista pensión compensatoria, ni segundo progenitor que aporte ingresos.

d) Familias numerosas.

e) Mujeres víctimas de violencia de género.

f) Víctimas del terrorismo.

g) Personas con diversidad funcional con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100.

h) Jóvenes extutelados.

i) Personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda, tal y como establece el artículo 6 de la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana.

j) Personas a las que se les haya reconocido la Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana, de conformidad con la Ley 9/2007, de 12 de marzo, de la Generalitat, durante el período correspondiente al último período impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la solicitud de la ayuda al alquiler.

No podrá concederse la ayuda cuando la persona solicitante o alguna de las que tengan su residencia habitual y permanente en la vivienda objeto del contrato de arrendamiento se encuentre en alguna de las situaciones que a continuación se indican:

a) Ser persona titular del pleno dominio o usufructuaria de alguna vivienda en España. Se exceptuarán de este requisito las personas que siendo titulares de una vivienda acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, o no puedan habitar la misma por cualquier otra causa ajena a su voluntad.

b) Que la persona arrendataria o cualquiera de las que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda, tenga parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la persona arrendadora de la vivienda.

c) Que la persona arrendataria o cualquiera de los que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda sea socia o partícipe de la persona física o jurídica que actúe como persona arrendadora.

d) No estar al corriente de pago de las obligaciones fiscales, tributarias y con la Seguridad Social, o incumplir cualquier otra condición de las señaladas en la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

Delimitación de áreas y límites del importe de la renta de la vivienda (base cuarta)

En función de la localidad en la que esté emplazada la vivienda, se aplicarán los límites correspondientes al importe máximo de la renta de la vivienda. Para ello se tendrá en cuenta la Orden VIV/946/2008, de 31 de marzo, por la que se declaran los ámbitos territoriales de precio máximo superior para el año 2008, a efectos del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, y el Decreto 82/2008, de 6 de junio, del Consell, relativo a actuaciones protegidas en materia de planes de vivienda, o normativa que los sustituya. La citada relación de municipios se adjunta como anexo II a la presente orden.

No podrán ser objeto de ayuda las viviendas cuyo arrendamiento supere alguno de los límites de la tabla siguiente:

           

Zona                                        Importe anual              Importe mensual

ATPMS A-1:     Valencia                                               6.000 €                         500 €

ATPMS A-2:     Alicante y Castellón de la Plana             5.400 €                         450 €

ATPMS B                                                                    5.400 €                         450 €

ATPMS C-1 Y C-2                                                       4.800 €                         400 €

ATPMS A                                                                    4.200 €                         350 €

Si en el contrato de arrendamiento se incluyeran anejos como garaje o trastero, y el precio de cada uno de ellos no estuviera desglosado figurando en el contrato únicamente el importe global, a los efectos de la comprobación del importe máximo del precio anterior, se valorará el importe de la vivienda como el 80 por 100 del precio total del contrato cuando este incluya vivienda y garaje, 95 por 100 cuando el contrato incluya vivienda y trastero, y 75 por 100 cuando el contrato incluya vivienda, garaje y trastero.

Si en el contrato de arrendamiento se incluyeran los gastos de comunidad y su precio no estuviera desglosado figurando en el contrato únicamente el importe global, a los efectos de la comprobación del importe máximo del precio anterior, se valorará el importe de los gastos de comunidad como el 2 % del importe del precio de la vivienda.

Importe de las ayudas que se financia por el Ministerio de fomento: podrá alcanzar hasta el 40 % de la renta anual a satisfacer por el alquiler de la vivienda habitual y permanente, con los límites máximos establecidos en la base cuarta

Importe y criterios de adjudicación de la ayuda adicional financiada por la Generalitat

1. El importe de la ayuda podrá alcanzar hasta el 10 por 100 de la renta anual a satisfacer por el alquiler de la vivienda habitual y permanente, con los límites máximos establecidos en la base cuarta. Esta ayuda será adicional a la que se financie con cargo a la del Ministerio de Fomento.

2. Criterio de adjudicación. Se concederán las ayudas hasta agotar el importe máximo disponible. Para determinar la prioridad de los solicitantes, teniendo en cuenta los datos utilizados para aplicación de los criterios señalados en la base anterior, las ayudas adicionales de la Generalitat se adjudicarán exclusivamente a personas solicitantes titulares del contrato de arrendamiento cuya unidad de convivencia se considere de especial vulnerabilidad por encontrarse en riesgo de exclusión social, tal y como se define en la base 2º, y así se acredite de conformidad con lo dispuesto en la base quinta.

Abono de las ayudas:

1. En el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del listado definitivo de adjudicatarios, los mismos deberán aportar la documentación bancaria que acredite de manera indubitada que han abonado, en la cuenta cuya titularidad corresponde a la parte arrendadora, la renta correspondiente a los meses que van desde aquel en que se inicia el período de ayudas hasta el inmediatamente anterior a aquel en que se haya publicado el listado definitivo de admitidos.

Se podrá aportar un único certificado, emitido por la entidad bancaria en la que se efectúen los ingresos del arrendamiento, que recoja los distintos pagos efectuados a lo largo del período de cobertura de la ayuda.

2. Posteriormente los adjudicatarios deberán aportar, con periodicidad mensual, en el plazo de 10 días a contar desde el vencimiento del mes al que se refiera, el justificante bancario que acredite el abono del importe de la renta a la parte arrendadora. Caso de no aportarse documentación bancaria justificativa del ingreso del alquiler en el plazo establecido, se perderá el derecho al cobro de la subvención correspondiente al citado mes.