· Prórroga de la vigencia del artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en el que se regula el Plan MECUIDA, permanecerá vigente hasta el 31 de enero de 2021. (DA Tercera). En vigor el 23-09-2020
El Plan Mecuida
regula el derecho de las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten
deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de
los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona
trabajadora, a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la
misma en los términos previstos en el presente artículo, cuando concurran
circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para
evitar la transmisión comunitaria del COVID-19.
·
Modificación del RD-ley
20/2020 que establece el INGRESO MÍNIMO VITAL (DF Undécima). En vigor el 23-09-2020
Aumentan las competencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social para llevar a cabo el reconocimiento de oficio de la prestación económica transitoria de IMV durante 2020
Habilita la base de coordinación padronal del INE para la confirmación de las solicitudes cuando coincidan los datos aportados por el solicitante de la prestación.
Modificaciones en cuanto al certificado de empadronamiento.
Se contempla una fase previa de admisión vinculada exclusivamente a la situación de vulnerabilidad económica.
Suprime el requisito de estar inscrito como demandante de empleo para acceder al IMV, que pasa a configurarse como un requisito a posterior, que deberá acreditarse por el beneficiario dentro de los 6 mese siguientes a la notificación de la resolución que concede la prestación, salvo en determinados supuestos.
Se modifica la
Disposición transitoria segunda para ampliar el periodo de efecto retroactivo
allí previsto. Así, las solicitudes que se hubieran presentado antes del 1 de enero de 2021
verán, en su caso, reconocida la prestación con efectos del 1 de junio del
presente año.
Requisitos de acceso al IMV de las personas beneficiarias (Modificación art.7.1 y 2)
Suprime el
requisito d) del art.7.1, de figurar inscritos como demandantes de empleo
Suprime art.7.1 d) “Si no están trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, figurar inscritas como demandantes de empleo, salvo en los supuestos que se determinen reglamentariamente.”
Art.7.2. Las personas beneficiarias a las que se refiere el artículo 4.1.b), que sean menores de 30 años en la fecha de la solicitud, deberán haber tenido residencia legal y efectiva en España, y haber vivido de forma independiente, durante al menos los tres años inmediatamente anteriores a la indicada fecha.
Se entenderá que una persona ha vivido de forma independiente siempre que acredite que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores durante los tres años inmediatamente anteriores a la solicitud, y en dicho periodo hubiere permanecido durante al menos doce meses, continuados o no, en situación de alta en cualquiera de los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social, incluido el de Clases Pasivas del Estado, o en una mutualidad de previsión social alternativa al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
Este requisito no se exigirá a las personas que por ser víctimas de violencia de género hayan abandonado su domicilio habitual, a las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio o a las que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente.»
Acción protectora. Acreditación de los requisitos (Modificación art.19.4 a 8)
Art.19.4. “La
existencia de la unidad de convivencia se acreditará con el libro de familia,
certificado del registro civil, y con los datos obrantes en los Padrones
municipales relativos a los inscritos en la misma vivienda. A estos
efectos el Instituto Nacional de la Seguridad Social tendrá acceso a la base de
datos de coordinación de los Padrones municipales del Instituto Nacional de Estadística
para la confirmación de los requisitos exigidos.
(añade) No obstante, cuando de la misma no pueda deducirse la coincidencia con
los datos que se hayan hecho constar en la solicitud de la prestación se
solicitará la aportación del correspondiente certificado de empadronamiento, histórico y colectivo
del período requerido en cada supuesto, referidos a los domicilios donde
residen o han residido los miembros de la unidad de convivencia, expedido por
el Ayuntamiento en virtud de lo establecido en el artículo 83.3 del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
(añade) Tanto los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística como, en su caso, el certificado de empadronamiento citado, servirán igualmente para acreditar la existencia de la unidad de convivencia a que se refiere el artículo 6.2.c) o de que el solicitante a que se refiere el artículo 4.1.b) vive solo o compartiendo domicilio con una unidad de convivencia de la que no forma parte.
(añade) A los efectos de los datos relativos al Padrón municipal de conformidad con lo previsto en los párrafos anteriores, no se requerirá el consentimiento de las personas empadronadas en el domicilio del solicitante.
La
existencia de pareja de hecho se acreditará
mediante certificación de la inscripción en alguno de los registros
específicos existentes en las comunidades autónomas o ayuntamientos del lugar
de residencia o documento público en el que conste la constitución de dicha
pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del
correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación
mínima de dos años con respecto a la fecha de la solicitud de la prestación.
El inicio de los trámites de separación o divorcio, o su existencia, se acreditará con la presentación de la demanda o con la correspondiente resolución judicial.
5. La
acreditación de haber vivido de forma independiente respecto a los
progenitores, tutores o acogedores, durante al menos tres años conforme lo
previsto en el artículo 7.2, se efectuará mediante los datos facilitados por
el Instituto Nacional de Estadística o, en su caso, el certificado de
empadronamiento histórico y colectivo en el que consten todas las personas
empadronadas en el domicilio del solicitante durante dicho periodo, de
conformidad con lo previsto en el apartado 4.
A los efectos de los datos relativos al padrón municipal de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, no se requerirá el consentimiento de las personas empadronadas en el domicilio del solicitante.”
El contenido del art.19.6 a 8 ya estaba contemplado, pero han sido reenumerados.
Tramitación
(Modificación art.25)
(NUEVO) 1. Una vez recibida la solicitud de la prestación, el órgano competente, con carácter previo a la admisión de la misma, procederá a comprobar si los beneficiarios que vivan solos o formando parte de una unidad de convivencia, en función de los datos declarados en la solicitud presentada, cumplen el requisito de vulnerabilidad previsto en el artículo 7.1.b).
Frente a la resolución de inadmisión, que deberá ser dictada en el plazo de 30 días, se podrá interponer reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y cuyo objeto se limitará a conocer sobre la causa de inadmisión.
La admisión de la solicitud no obstará a su desestimación si, durante la instrucción del procedimiento, la entidad gestora efectuara nuevas comprobaciones que determinaran el incumplimiento del requisito de vulnerabilidad previsto en el artículo 7.1.b).
2. Admitida a trámite la solicitud, procederá iniciar la instrucción del procedimiento administrativo en orden a comprobar el cumplimiento de los requisitos determinantes del reconocimiento de la prestación.
3. El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá a dictar resolución, y a notificar la misma a la persona solicitante, en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de entrada en su registro de la solicitud.
Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se entenderá desestimada.
4. En el
supuesto de que con posterioridad a la solicitud el interesado no hubiera
aportado la documentación a que se hubiera obligado en la declaración
responsable prevista en el artículo 24.2, con carácter previo a dictar
resolución la entidad gestora le requerirá a tal efecto. En este caso, quedará
suspendido el procedimiento durante el plazo máximo de tres meses. Si transcurrido
dicho plazo no hubiere presentado la documentación requerida, se producirá la
caducidad del procedimiento.»
Obligaciones
de las personas beneficiarias (Modificación
art.33)
1. Las personas titulares del ingreso mínimo vital estarán sujetas durante el tiempo de percepción de la prestación a las siguientes obligaciones:
a) Proporcionar la documentación e información precisa en orden a la
acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como
para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones.
b) Comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la
modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta
días naturales desde que estos se produzcan.
c) Comunicar cualquier cambio de domicilio o de situación en el Padrón
municipal que afecte personalmente a dichos titulares o a cualquier otro
miembro que forme parte de la unidad de convivencia, en el plazo de treinta
días naturales desde que se produzcan.
d) Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas.
e) Comunicar a la entidad gestora, con carácter previo, las salidas al
extranjero, tanto del titular como de los miembros de la unidad de convivencia,
por un período, continuado o no, superior a noventa días naturales durante
cada año natural, así como, en su caso, justificar la ausencia del territorio
español de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo
7.1.a).
f) Presentar anualmente declaración correspondiente al Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
g) Si no están trabajando y son personas mayores de edad o menores
emancipadas, acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la
notificación de la resolución por la que se concede la prestación, que figuran inscritas como
demandantes de empleo, salvo en los siguientes supuestos:
1.º Estar cursando estudios reglados y ser menor de 28 años. En su caso, el
plazo de seis meses para acreditar la inscripción como demandante de empleo se
iniciará en la fecha en que el beneficiario cumpla 28 años edad.
2.º Tener suscrito el convenio especial regulado en el Real Decreto
615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los
cuidadores de las personas en situación de dependencia.
3.º Estar percibiendo una pensión contributiva de incapacidad permanente en
grado de absoluta o gran invalidez, una pensión de invalidez no contributiva o
una pensión de jubilación contributiva o haber cumplido los 65 años de edad.
4.º Estar afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65
por ciento.
5.º Tener reconocida una situación de dependencia, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia.
La situación de demandante de empleo quedará acreditada con el documento expedido al efecto por la administración competente o mediante el acceso por parte de la entidad gestora a través de los medios electrónicos habilitados al efecto.
h) En caso de compatibilizar la prestación del ingreso mínimo vital con las
rentas del trabajo o la actividad económica conforme con lo previsto en el
artículo 8.4, cumplir las condiciones establecidas para el acceso y
mantenimiento de dicha compatibilidad.
i) Participar en las estrategias de inclusión que promueva el Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previstas en el artículo 28.1, en
los términos que se establezcan.
j) Cualquier otra obligación que pueda establecerse reglamentariamente.
2. Las personas integrantes de la unidad de convivencia estarán obligadas a:…
e) Si no están trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la resolución por la que se concede la prestación, que figuran inscritas como demandantes de empleo, con las mismas salvedades y modo de acreditación que las señaladas en el apartado anterior para las personas titulares.….»
1. El
Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocerá durante 2020 la
prestación transitoria de ingreso mínimo vital a los actuales beneficiarios de
la asignación económica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad
Social que, a fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, reúnan
los requisitos que se exponen en los apartados siguientes, siempre que el
importe de la prestación transitoria de ingreso mínimo vital sea igual o
superior al importe de la asignación económica que viniera percibiendo.
…
10. Si, una vez reconocido el derecho a la prestación transitoria, la unidad de convivencia se modificara, se aplicará lo previsto en el presente real decreto-ley, en cuanto a la obligación de comunicación, cumplimiento de requisitos, y revisión de la prestación.
(AÑADE) En cualquier caso, la cuantía de la prestación transitoria se actualizará
con efectos del día 1 de enero de 2021, tomando como referencia los ingresos
anuales computables del ejercicio anterior. Cuando la variación de los ingresos
anuales computables del ejercicio anterior motivara la extinción de la
prestación, esta surtirá igualmente efectos a partir del día 1 de enero del año
siguiente a aquel al que correspondan dichos ingresos. En otro caso, se
reanudará el percibo de la asignación económica por hijo o menor a cargo,
siempre que se mantengan los requisitos para ser beneficiario de esta
prestación.
(AÑADE) El derecho a la prestación transitoria se extinguirá a partir de la fecha
de la resolución de la solicitud de la prestación de ingreso mínimo vital o, en
su caso, en la fecha de sus efectos económicos si esta fuera posterior. En el
supuesto de que la fecha de efectos económicos fuera anterior y la cuantía de
la prestación de ingreso mínimo vital fuera superior a la de la prestación
transitoria se procederá, en su caso, a la correspondiente regularización.
En otro caso, se reanudará el percibo de la asignación económica por hijo o menor a cargo, siempre que se mantengan los requisitos para ser beneficiario de esta prestación.
12. Los beneficiarios de la asignación económica por hijo o menor a cargo, del sistema de la Seguridad Social, a los que no les hubiera sido notificada la resolución de reconocimiento de ninguna de las prestaciones transitorias, y cumplieran los requisitos previstos en el apartado 2 o 3 de esta disposición transitoria, podrán solicitar su reconocimiento ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. La prestación se reconocerá, en su caso, con efectos desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, siempre que se presente hasta el 31 de diciembre de 2020. En otro caso, los efectos económicos serán del día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud.
13. Asimismo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podrá, hasta el 31 de diciembre de 2020, reconocer la prestación de ingreso mínimo vital a aquellas personas beneficiarias de alguna de las distintas rentas de inserción o básicas establecidas por las comunidades autónomas. Para ello, las comunidades autónomas, si han obtenido la conformidad para la remisión de los datos de sus beneficiarios al Instituto Nacional de la Seguridad Social a efectos del reconocimiento de la prestación, comunicaran al referido Instituto, a través de los protocolos telemáticos de intercambio de información habilitados al efecto, los datos necesarios para la identificación de los potenciales beneficiarios, que deberá incluir un certificado emitido por la correspondiente comunidad autónoma acreditativo de la constitución de una unidad de convivencia conforme establece el artículo 6 y del cumplimiento de los requisitos a que se refieren los artículos 4, 5 y el artículo 7 del presente real decreto-ley; así como de que se encuentran en su poder toda la documentación que pruebe el cumplimiento de dichos requisitos, a excepción de la vulnerabilidad económica a la que se refiere el artículo 8 del presente real decreto-ley, que será analizada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Este certificado será suficiente para que dicha entidad gestora considere cumplidos dichos requisitos, sin perjuicio de la obligación de las Comunidades Autónomas de remitir al referido Instituto toda la documentación en el plazo máximo de seis meses a contar desde el 1 de enero de 2021 o cuando la solicite para la resolución de cualquier reclamación.
En el supuesto de que se emitiese un certificado conformando la documentación y se reconociese una prestación que, posteriormente, fuera declarada indebida y no fuese posible recuperar el importe abonado, los perjuicios ocasionados serán a cargo de la comunidad autónoma certificadora.
Los expedientes resueltos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se comunicarán a las comunidades autónomas a través de los protocolos informáticos establecidos.”
Modifica la «Disposición transitoria segunda. Presentación de solicitudes.
Las
solicitudes de acceso a la prestación económica podrán presentarse a partir del
día 15 de junio de 2020. Si la solicitud se presenta antes del 1 de enero de 2021,
los efectos económicos se retrotraerán al día 1 de junio de 2020 siempre
que, en esta fecha, se acrediten todos los requisitos para su acceso. En caso
de no cumplir los requisitos en la referida fecha los efectos económicos se
fijarán el día primero del mes siguiente a aquel en que se cumplan los
requisitos.
Si la solicitud se presenta después del
31 de diciembre de 2020, los efectos económicos
se fijarán el día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud,
de conformidad con lo previsto en el artículo 11.1 del presente real
decreto-ley.»
A los procedimientos para el reconocimiento del ingreso mínimo vital en los que no se hubiera dictado resolución expresa a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, les será de aplicación lo que a continuación se establece.
1. El plazo para resolver y notificar será el de seis meses previsto en el artículo 25.3 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, aun cuando a la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley hayan transcurrido tres meses desde la presentación de la solicitud. A tal efecto, el periodo transcurrido sin haberse dictado resolución expresa será tenido en cuenta para el cómputo de los seis meses establecidos en el citado artículo 25.3.
2. Con independencia del estado en que se encuentre el procedimiento para el reconocimiento de la prestación económica del ingreso mínimo vital a la entrada en vigor de esta disposición transitoria, se comprobará el cumplimiento por los interesados de la condición de vulnerabilidad establecida en el artículo 7.1.b) del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, como requisito necesario para poder continuar su tramitación. En el supuesto de que no quedara acreditado dicho requisito, se dictará resolución declarando la imposibilidad de continuar la tramitación del procedimiento.
Frente a esta resolución, se podrá interponer reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y cuyo objeto se limitará a conocer sobre la posibilidad de seguir el procedimiento, en razón del cumplimiento del requisito de vulnerabilidad establecido en el citado artículo 7.1.b), por lo que la estimación de la reclamación previa tendrá como único efecto, permitir seguir la tramitación administrativa.
La
continuación del procedimiento no obstará a la desestimación de la solicitud si
la entidad gestora efectuara nuevas comprobaciones que determinaran el
incumplimiento del requisito de vulnerabilidad previsto en el indicado artículo
7.1.b).
MEDIDAS LABORALES que estaban incluidas en el RD-ley 27/2020 (BOE 05-08-2020) derogado por Resolución de 10 de septiembre de 2020 (BOE 11-09-2020). Entran en vigor el 23-09-2020
Disposición adicional cuarta. Consideración como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo a las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2 durante el estado de alarma. (Modificaciones respecto de la DA 8 RD-ley 27/2020)
1. Desde la declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud y hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las prestaciones de Seguridad Social que cause el personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios, inscritos en los registros correspondientes, y que en el ejercicio de su profesión, hayan contraído el virus SARS-CoV2 por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante la prestación de servicios sanitarios y socio-sanitarios, cuando así se acredite por los servicios de Prevención de Riesgos laborales y Salud Laboral, se considerarán derivadas de accidente de trabajo, al entender cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 156.2.e) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
2. El contagio y padecimiento de la enfermedad se acreditará mediante el correspondiente parte de accidente de trabajo que deberá haberse expedido dentro del mismo periodo de referencia.
3. En
los casos de fallecimiento, se considerará
que la causa es accidente de trabajo siempre que el fallecimiento se haya
producido dentro de los cinco años siguientes al contagio de la enfermedad y
derivado de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217.2 del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Disposición final décima. Modificación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. (Sin modificaciones respecto de la DF Décima RD-ley 27/2020)
El artículo quinto del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, queda redactado en los siguientes términos:
1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocados por el virus COVID-19, salvo que se pruebe que el contagio de la enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo en los términos que señala el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en cuyo caso será calificada como accidente de trabajo.
Con el mismo carácter excepcional, con efectos desde el inicio de la situación de restricción de la salida o entrada a un municipio, y mediante el correspondiente parte de baja, se extenderá esta protección a aquellos trabajadores que se vean obligados a desplazarse de localidad para prestar servicios en las actividades no afectadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, siempre que por la autoridad competente se haya acordado restringir la salida, o la entrada, de personas del municipio donde dichos trabajadores tengan su domicilio, o donde la empresa tenga su centro de trabajo en el caso de que el trabajador tenga su domicilio en otro municipio, y les haya sido denegada de forma expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad competente, no puedan realizar su trabajo de forma telemática por causas no imputables a la empresa para la que prestan sus servicios o al propio trabajador y no tengan derecho a percibir ninguna otra prestación pública.
La acreditación del acuerdo de restricción de la población donde el trabajador tiene su domicilio o la empresa su centro de trabajo, y la denegación de la posibilidad de desplazamiento se realizará mediante certificación expedida por el ayuntamiento del domicilio o, en su caso, por el del centro de trabajo afectado por la restricción ante el correspondiente órgano del servicio público de salud.
De igual forma, la imposibilidad de realización del trabajo de forma telemática se acreditará mediante una certificación de la empresa o una declaración responsable en el caso de los trabajadores por cuenta propia ante el mismo órgano del servicio público de salud.
En el supuesto de trabajadores por cuenta ajena que tuvieran el domicilio en distinto municipio al del centro de trabajo, además de lo previsto en el párrafo anterior, se requerirá acreditar:
a) El
domicilio del trabajador mediante el correspondiente certificado de
empadronamiento.
b) Que el
trabajador desarrolla su trabajo en el centro sito en el municipio afectado por
la restricción, mediante la correspondiente certificación de la empresa.
c) Que la empresa no ha procedido al cierre del centro de trabajo, mediante la correspondiente certificación de la empresa.
2. La duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte de baja y la correspondiente alta.
Siempre que por la autoridad competente se haya acordado, con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, restringir las salidas o las entradas del municipio donde tengan el domicilio o en el que tenga el centro de trabajo la empresa en que prestan sus servicios, de tratarse de las personas trabajadoras por cuenta ajena a las que se refiere el artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19, se expedirá un parte de baja con efectos desde la fecha de inicio de la restricción y un parte de alta con efectos de 29 de marzo de 2020.
De tratarse de trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuando la restricción adoptada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, restringiera su salida del municipio donde tengan su domicilio o, teniendo su domicilio en otro, vieran restringida la entrada en el municipio impidiéndoles totalmente la realización de su actividad, el derecho a la prestación comenzará con el parte de baja desde la fecha de inicio de la restricción y durará hasta la fecha de finalización de la misma, no pudiendo, en ningún caso, durar más allá de la fecha de finalización del estado de alarma.
Este subsidio por incapacidad temporal es incompatible con los salarios que se hubieren percibido así como con el derecho a cualquier otra prestación económica de la Seguridad Social, incluida la incapacidad temporal por contingencias comunes o profesionales. En estos supuestos se percibirá la prestación de la Seguridad social distinta al subsidio previsto en el presente artículo.
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el trabajador deberá presentar ante el correspondiente órgano del servicio público de salud, certificación de la empresa acreditativa de la no percepción de salarios.
3. Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social.
4. La fecha hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento, restricción o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha.»
Disposición adicional quinta. Convenios de
colaboración entre las entidades gestoras de la Seguridad Social, las
comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para el
control y seguimiento de la incapacidad temporal. (Sin
modificaciones respecto DA 11 RD-ley 27/2020)
En los convenios de colaboración que formalicen las entidades gestoras de la Seguridad Social con las comunidades autónomas y con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para el control y seguimiento de la incapacidad temporal podrá preverse el anticipo de hasta la cuantía total del importe previsto en el respectivo convenio para la financiación de las actuaciones a desarrollar por las comunidades autónomas y por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
A estos efectos, con carácter previo a la formalización de los convenios a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá la autorización del Consejo de Ministros. Con esta finalidad, el titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo informe del Ministerio de Hacienda, elevará la oportuna propuesta al Consejo de Ministros.
No será de
aplicación, para el caso exclusivo de estos convenios, lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, en lo que se
refiere a la necesidad de iniciar la ejecución del gasto en el propio ejercicio
en el que se adquiere el compromiso del gasto.
Disposición final Cuarta. Modificación
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. (Sin
modificaciones respecto de la DF Novena RD-ley 27/2020)
“Se declara el carácter ampliable de los créditos presupuestarios consignados en el presupuesto de la Seguridad Social para atender las obligaciones del sistema de protección por cese de actividad”
Se añade un nuevo párrafo, el h), al apartado 2 del artículo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con la siguiente redacción:
«h) Los destinados al sistema de
protección por cese de actividad.»
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